Testigos hablaron de la ocupación militar y reivindicaron la militancia

Por Gabriela Cruz | Este jueves y viernes se sustanciaron dos audiencias más en la megacausa Operativo Independencia. Los primeros testigos del día jueves dieron cuenta de la persecución a los dirigentes de los pueblos originarios y reconstruyeron la historia de Pedro Pablo Santana Campos. Más tarde, otras dos testigos describieron el ambiente que se vivía en Famaillá, donde funcionó el primer centro clandestino de detención. Por primera vez se desalojó la sala al declarar una sobreviviente que fue víctima de delitos sexuales. El día viernes declaró una de las referentes de la agrupación HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Natalia Ariñez reconstruyó la historia de su padre, un joven de 17 años que todavía se encontraba estudiando en el Instituto Técnico. Antes de retirarse le pidió al tribunal que los condenados cumplan su sentencia en cárcel común.

Pedro Pablo Santana Campos fue el primer presidente de la Federación Indígena. Su lucha estaba signada por la defensa del territorio y de los derechos de los pueblos originarios. Fue secuestrado el 3 de febrero de 1975 en la localidad de Quilmes. Fue trasladado a un lugar de detención que funcionaba en la localidad de El Mollar y después de un mes lo llevaron al CCD conocido como “la Escuelita”, en Famaillá. Su historia fue contada por quien fuera su pareja al momento de los hechos, Felipa Isabel Maita y por sus hijos Paola Jesabeth Santana, Pedro Pablo y Pablo Pedro Santana Campos. Todos ellos hablaron de los dos secuestros de los que fue víctima el ‘Cacique’, como se lo conociera. Afirmaron que tras ser liberado varios meses después de haber pasado, incluso, por el penal de Villa Urquiza, fue nuevamente detenido ilegalmente en marzo de 1975.

Famaillá, una historia de ocupación militar

“El 80% de Famaillá somos víctimas pero no nos animamos a contar”, dijo una sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionara en la ex Escuela Diego de Rojas. “¿Cómo le íbamos a decir a nuestros hijos que fuimos violadas?”, preguntó ante los jueces Gabriel Casas, Juan Carlos Reynagay Carlos Jiménez Montilla. La audiencia del día jueves fue la primera vez de la megacausa Operativo Independencia que se desaloja la sala. Ocurre que en estos casos se aplica el protocolo de atención a testigos víctimas de delitos sexuales y por esa razón se preserva la identidad de la mujer.

Este es el doceavo juicio por delitos de lesa humanidad que se sustancia en la provincia. El universo procesal está compuesto por 271 víctimas y en este momento están siendo juzgados 19 imputados, aunque, según advirtió el secretario del Tribunal  Mariano García Zavalía, no se descarta que se sienten en el banquillo una veintena más de acusados. Los hechos que se juzgan tuvieron lugar en el periodo anterior al golpe de Estado de 1976 durante la implementación del denominado Operativo Independencia. Esta etapa significó el despliegue de las fuerzas armadas, principalmente en el sur de la provincia y la ocupación del territorio por parte de las fuerzas militares. De esta realidad dio cuenta María Cristina Medina, una de las testigos que vivía frente a la Escuela Diego de Rojas en la localidad de Famaillá.

“Nos dijeron que teníamos que servir a la patria”, contó la mujer que entre sollozos dijo que su madre les había pedido que jamás hablen de lo ocurrido. “A mi madre y a mis cuatro hermanos nos tuvieron prisioneros en la casa”, relató. María Cristina describió la zona y señaló que no estaba muy poblada. En su casa funcionaba una despensa que atendía junto a su madre y hermanos. El pequeño negocio familiar era la fuente de ingresos para sobrevivir tras la muerte de su padre. Cuando el Ejército Argentino tomó el lugar fueron obligados a cocinar y atender al personal. “Ni para ir a la escuela nos dejaban salir”, dijo la mujer. “Habían cerrado las dos bocacalles. Después nos dieron una ordencita para que podamos salir a la escuela y a comprar mercadería”, relató. “¿Los militares o los gendarmes les pagaron?”, inquirió uno de los abogados. “Nunca nos pagaron nada. Decían que teníamos que servir a la patria”, respondió María Cristina.

María Cristina Medina tenía poco menos de 20 años cuando fue, según sus palabras, prisionera en su propia casa. Junto a sus hermanos, contó, por las noches subían a la terraza a mirar lo que se pudiera. Así logró ver a Jorge Rafael Videla y a Antonio Domingo Bussi bajando de un vehículo y entrar caminando al centro clandestino de detención conocido como ‘la Escuelita’. También vio cómo ingresaba camiones con personas que eran tiradas de un camión volquete y al caer se quejaban del dolor. Escuchó gritos de auxilio y lamentos. Vio que en esos camiones cargaban bultos. “Cuando caían dentro del camión sonaban fuerte y esa gente no se quejaba”, aseguró. Eran cuerpos”, dijo a modo de conclusión.

Mientras la testigo declaraba sonó el teléfono de uno de los abogados defensores. El día viernes, Adolfo Bertini pidió disculpas por lo que, según explicó, fuera un recordatorio. El sonido no solo desconcertó a la testigo sino que indignó a la sala de audiencias. “Era una marchita militar”, sostuvieron quienes llegaron a escuchar el ‘rington’ del teléfono celular.